La mayoría de las obras sociales y prepagas utilizan aplicaciones móviles como canal principal, y muchas veces exclusivo, para gestionar la atención médica. El problema aparece cuando esas aplicaciones no contemplan a una parte significativa de sus afiliados: adultos mayores que no saben usarlas o directamente no tienen dispositivos.
En la práctica, esto genera situaciones de dependencia forzada. Hijos, nietos o vecinos se convierten en intermediarios permanentes para resolver trámites de salud. Lo que debería ser una herramienta de autonomía termina produciendo el efecto contrario: la pérdida de independencia.
No se trata solo de incomodidad. En materia de salud, los tiempos importan. Un turno que no se confirma, una notificación que no se lee, una receta que no se descarga pueden derivar en tratamientos interrumpidos o controles que se postergan indefinidamente.
La digitalización del sistema de salud se presentó como una solución: menos filas, más rapidez, mayor acceso. Y en muchos casos lo es. Pero esa promesa se diluye cuando no se garantiza que todos puedan utilizarla.
Para una persona mayor, enfrentarse a una aplicación médica puede ser una experiencia deshumanizante. No hay a quién preguntar, no hay alguien que explique con calma, no hay margen para el error. Cada paso mal dado puede significar empezar de nuevo.
Además, muchas plataformas están diseñadas sin criterios de accesibilidad: textos pequeños, instrucciones confusas, procesos largos y poco intuitivos. La tecnología no es neutral: cuando no se piensa desde la diversidad de usuarios, termina reproduciendo desigualdades.